La Valoración de la Prueba en el CNPCyF.

¿La Etapa Probatoria en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares encamina a una mejor decisión judicial?

Por: Gabriel Chavez

La actividad probatoria constituye uno de los aspectos más relevantes del proceso jurisdiccional, pues a través de ella se busca reconstruir los hechos controvertidos que servirán de base para la aplicación del derecho. Ninguna decisión judicial puede considerarse legítima si previamente no existe una adecuada determinación de los hechos jurídicamente relevantes. En consecuencia, la forma en que las pruebas son obtenidas, valoradas y utilizadas por la autoridad jurisdiccional resulta fundamental para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Históricamente, los sistemas procesales han desarrollado distintos modelos de valoración de la prueba. Uno de ellos es la prueba legal o tasada¹, en la cual el legislador atribuye previamente una eficacia determinada a ciertos medios probatorios, limitando la libertad valorativa del juzgador. Posteriormente surgieron modelos basados en la libre valoración o sana crítica², en los que la decisión sobre los hechos debe construirse mediante inferencias racionales sustentadas en la lógica, la experiencia y el conocimiento científicamente aceptado.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares parece adscribirse a este último modelo al establecer, en su artículo 343, que las autoridades jurisdiccionales apreciarán la prueba según su libre convicción, de manera lógica y basada en la experiencia. Sin embargo, el propio Código conserva diversos supuestos de prueba plena y reconoce amplias facultades oficiosas para la práctica de diligencias probatorias. 

Esta coexistencia normativa genera una interrogante relevante: ¿el Código Nacional adopta realmente un sistema de libre valoración de la prueba o conserva elementos propios de la prueba tasada que permiten calificarlo como un sistema mixto?

LA VALORACIÓN RACIONAL DE LA PRUEBA Y EL RAZONAMIENTO PROBATORIO CONTEMPORÁNEO

El razonamiento probatorio³ contemporáneo ha abandonado la idea de que los hechos pueden darse por acreditados únicamente mediante fórmulas legales predeterminadas. La doctrina moderna sostiene que la función del juzgador consiste en justificar racionalmente la aceptación o rechazo de hipótesis fácticas mediante el análisis crítico de la evidencia disponible.

El Manual de razonamiento probatorio publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica que la actividad probatoria comprende tres etapas fundamentales: la conformación del conjunto de elementos de juicio, la valoración de la prueba y la decisión sobre los hechos probados. Desde esta perspectiva, la valoración probatoria no puede reducirse a una impresión subjetiva del juzgador, sino que debe consistir en una actividad racional susceptible de control mediante argumentos verificables.

Lo anterior resulta especialmente relevante porque la legitimidad de la sentencia depende de que la autoridad jurisdiccional explique de manera clara las razones que justifican sus conclusiones sobre los hechos. La motivación judicial deja de ser una mera formalidad para convertirse en una garantía contra la arbitrariedad.

ANALICEMOS MÁS DE CERCA EL ARTÍCULO 343 DEL CÓDIGO NACIONAL Y LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

Que el artículo 343 del Código Nacional establece:

"Las autoridades jurisdiccionales apreciarán la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate y la instrumental de actuaciones, lo harán de manera libre, lógica y basada en la experiencia. En la resolución judicial respectiva siempre expondrán la motivación racional de las pruebas desahogadas tanto en lo individual como en su conjunto..."

La importancia de esta disposición radica en que incorpora expresamente conceptos propios de la teoría contemporánea del razonamiento probatorio. La libre convicción ya no puede entenderse como una simple apreciación subjetiva del juzgador, sino como una convicción racional construida a partir del análisis integral de la evidencia.

Asimismo, el precepto exige una motivación racional⁴ de las pruebas tanto individualmente como en su conjunto. Esta exigencia coincide con los postulados desarrollados por Ferrer Beltrán y por el Manual de razonamiento probatorio de la Suprema Corte, según los cuales la autoridad jurisdiccional debe explicar por qué una hipótesis resulta mejor sustentada que las alternativas existentes.

LA PERSISTENCIA DE LA PRUEBA PLENA EN EL CÓDIGO NACIONAL.

A pesar de la orientación racional del artículo 343, el Código Nacional conserva diversos supuestos de prueba plena. El artículo 344 dispone que los documentos públicos harán prueba plena, salvo objeción declarada procedente o impugnación acreditada. De igual manera, las actuaciones judiciales y las inspecciones que no requieran conocimientos especializados también producen prueba plena.

Por su parte, el artículo 345 establece que determinados documentos privados harán prueba plena cuando no sean objetados, cuando la objeción no sea demostrada o cuando sean reconocidos legalmente. Asimismo, el artículo 347 señala que las presunciones legales hacen prueba plena, salvo que existan otras pruebas que las contradigan o que el propio Código disponga lo contrario.

Finalmente, el artículo 350 reconoce valor de prueba plena a la información contenida en cadenas de bloques públicas cuando no existan elementos que acrediten vulneración o manipulación de los registros.

La utilización reiterada de la expresión "prueba plena" resulta problemática desde la perspectiva del razonamiento probatorio. Si el artículo 343 exige una valoración racional de toda la evidencia, parecería contradictorio que determinados medios probatorios posean una eficacia previamente definida por el legislador.

No obstante, también puede sostenerse que la contradicción es únicamente aparente.

A diferencia de los sistemas clásicos de prueba tasada, los supuestos de prueba plena previstos en el Código Nacional admiten mecanismos de objeción, impugnación y contradicción. En consecuencia, no se trata de una eficacia absoluta, sino de una eficacia jurídica reforzada susceptible de ser derrotada mediante prueba en contrario.

Desde esta perspectiva, el sistema probatorio del Código Nacional podría calificarse como un sistema mixto⁵, en el que conviven reglas de valoración racional con determinadas presunciones legislativas de confiabilidad respecto de ciertos medios de prueba.

LAS FACULTADES OFICIOSAS DEL JUZGADOR Y LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD PROCESAL.

La complejidad del modelo probatorio se incrementa con el artículo 262 del Código Nacional, el cual faculta a la autoridad jurisdiccional para decretar de oficio, en cualquier momento del procedimiento, la práctica o ampliación de diligencias probatorias.

Esta disposición refleja una tendencia moderna orientada a fortalecer la búsqueda de la verdad procesal y la tutela efectiva de derechos fundamentales. Además, permite al juzgador considerar situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar el equilibrio procesal.

Sin embargo, esta facultad también plantea interrogantes importantes. Si el juez puede ordenar pruebas de oficio y posteriormente valorarlas conforme a su libre convicción racional, resulta indispensable reforzar las exigencias de motivación judicial. 

Mientras mayores sean los poderes probatorios del juzgador, mayor debe ser también la carga argumentativa de la sentencia.

Precisamente por ello, el Manual de razonamiento probatorio destaca que la actividad jurisdiccional debe ser plenamente justificable y susceptible de control racional, evitando que la discrecionalidad se transforme en arbitrariedad.

En busca de una tutela efectiva.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un avance significativo hacia la consolidación de un modelo de valoración racional de la prueba. El artículo 343 incorpora expresamente elementos propios de la teoría contemporánea del razonamiento probatorio al exigir que las decisiones judiciales se fundamenten en una valoración lógica, integral y motivada de la evidencia.

Sin embargo, la permanencia de diversos supuestos de prueba plena en los artículos 344, 345, 347 y 350, así como las amplias facultades oficiosas previstas en el artículo 262, demuestran que el sistema diseñado por el legislador no responde a un modelo puro de libre valoración. Por el contrario, se trata de un sistema mixto en el que coexisten elementos de la prueba legal, mecanismos de valoración racional y facultades judiciales reforzadas para la búsqueda de la verdad procesal.

En consecuencia, la principal problemática probatoria del Código Nacional no consiste únicamente en determinar el valor de los medios de prueba, sino en garantizar que las facultades reconocidas al juzgador sean ejercidas mediante decisiones suficientemente motivadas, transparentes y controlables. La verdadera garantía contra la arbitrariedad no se encuentra en la existencia de reglas de prueba plena o de libre valoración, sino en la obligación de justificar racionalmente cada conclusión sobre los hechos sometidos a decisión judicial.

¹ José Ovalle Favela explica que la prueba legal o tasada es el sistema mediante el cual el legislador determina anticipadamente la eficacia demostrativa de ciertos medios probatorios, limitando la libertad valorativa del juzgador. En este modelo, la función judicial consiste principalmente en verificar la existencia de la prueba y aplicar el valor que la ley previamente le atribuye.  Véase Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, 8a. ed., México, Oxford University Press, 2016, pp. 297-301.

² Las “reglas de la sana crítica” pueden reinterpretarse como los criterios de la racionalidad epistemológica, esto es, los criterios específicos de corrección de los razonamientos con los que intentamos conocer el mundo. Ferrer Beltrán, Jordi (coord.), Manual de razonamiento probatorio, Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2024. 

³ El razonamiento probatorio puede definirse como el conjunto de inferencias que permiten pasar de los elementos de prueba a la determinación de los hechos que se consideran acreditados dentro del proceso. No consiste únicamente en examinar pruebas aisladas, sino en construir una explicación racional sobre los hechos controvertidos. Ferrer Beltrán, Jordi (coord.), Manual de razonamiento probatorio, Ciudad de México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2024.

⁴ De acuerdo con Ferrer Beltrán, la motivación racional implica que la autoridad jurisdiccional debe exteriorizar las razones que justifican la aceptación de una hipótesis fáctica y el rechazo de las hipótesis alternativas. No basta afirmar que una prueba genera convicción; es necesario explicar por qué dicha convicción resulta racionalmente justificada.

⁵ Puede hablarse de un sistema mixto cuando coexisten reglas de libre valoración con determinados supuestos de eficacia probatoria predeterminada. Esta categoría resulta útil para describir modelos procesales que han abandonado la prueba tasada clásica, pero conservan ciertas reglas de prueba plena.