ASEGURAMIENTO DECRETADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU SUBSISTENCIA JURÍDICA NO DEPENDE DEL DESTINO MATERIAL QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DÉ AL BIEN SOBRE EL QUE PESA LA MEDIDA PRECAUTORIA.

El artículo 182 del Código Federal de Procedimientos Penales impone una obligación a la autoridad que hubiera decretado el aseguramiento, concretamente, el deber de concluirlo; aun cuando tal previsión está dirigida a preservar la seguridad jurídica de quien sea propietario del bien, lo cierto es que de ella puede inferirse una reserva a favor del órgano que impuso el secuestro, consistente en que recae en ella, exclusivamente, la potestad de definir la situación jurídica del bien. Asimismo, es un principio general de derecho, recogido en diversas legislaciones, que el acto administrativo se p...