SECUESTRO EXPRESS. LA PENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 163 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE UNA MEDIDA LEGISLATIVA QUE PERSIGUE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO.

La finalidad perseguida por el legislador al incrementar la pena para el delito de secuestro express hasta situarla en un rango de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa es una medida legítima desde el punto de vista constitucional, toda vez que está encaminada de modo inmediato a instrumentar una política criminal que busca prevenir la realización de determinadas conductas y de forma mediata está dirigida a proteger principalmente la libertad ambulatoria de las personas.